El sistema español de Ciencia y Tecnología necesita un incremento de los recursos disponibles, humanos y financieros, para poder servir de base sólida para una economía innovadora. El gasto público en I+D debe alcanzar el 2% del PIB. Este incremento debe ir asociado a reformas institucionales radicales para que la inversión sea eficiente y consiga sus objetivos.
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La Conferencia Anual de la RedOTRI 2018, organizada por la CRUE, tuvo lugar el Barcelona el pasado 17 y 18 de mayo. Bajo el título “La OTRI como actor del nuevo ecosistema de innovación”, el programa de las principales ponencias se centró en las estrategias de la universidad para impulsar la innovación a través de la creación de nuevas estructuras, modelo de gobernanza y de gestión.
En el boletín del mes pasado, comenté el Modelo de la Triple Hélice de Etzkowitz (1983) en el cual se postula que la interacción entre la universidad, la industria y el gobierno eran un factor clave para el impulso de la innovación en una sociedad basada en el conocimiento. Pues bien, en el entorno actual de innovación abierta, el ecosistema innovador pone de manifiesto la presencia de otros agentes en el sistema como las entidades financieras, otros centros de I+D+i, los emprendedores y sobre todo, la sociedad.
Mientras que el ecosistema evoluciona y se adapta a los nuevos requerimientos y necesidades, parece que no siempre todos los agentes caminamos al mismo ritmo. Esta situación crea tensiones que impiden que los procesos de innovación tengan lugar de manera eficiente. En este sentido, una de las contribuciones más interesantes en el marco de esta conferencia fue la presentación del Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España, por parte de Santiago M. López, director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca, y co-autor del informe, publicado por la Fundación Alternativas.
El informe realiza un análisis de la situación del sistema español de ciencia y tecnología (CyT) de los últimos años desde diversas perspectivas que van desde las estrategias políticas y los sistemas de gobernanza y financiación hasta los indicadores de producción científica, internacionalización y de percepción social.
La principal conclusión del informe es que el sistema español de CyT no logra alcanzar ni el tamaño ni la eficiencia necesarios para servir de pilar al desarrollo de un país innovador que pueda enfrentarse a los retos de la actual sociedad internacional.
Mientras que los países avanzados han incorporado en los últimos años la CyT a su agenda política como base de una industria innovadora y del progreso social, en España esta incorporación no se ha producido en los mismos términos. La dependencia gubernamental de la política científica española ha hecho que la CyT se considere una competencia más que tiene que asumir el Estado, pero no de las más importantes.
España carece de una estrategia definida de acuerdo con sus necesidades y prioridades, aunque existan unos llamados planes estratégicos que habitualmente no se cumplen. Los órganos de coordinación no funcionan, la estructura de gestión del gasto es ineficiente y como consecuencia, la financiación privada no se incrementa.
Según se indica en el informe, durante la crisis se ha producido en España el mayor recorte en la inversión en I+D de los países occidentales, mientras otros incrementaban esta inversión entre el 12 y el 30%, aumentando así la brecha existente con ellos. Esta dependencia gubernamental y funcionarial también ha hecho que se desenfoque el objetivo de los proyectos científicos, importando más la gestión administrativa que los resultados científicos obtenidos. Se pone de manifiesto el grave problema de aprovechamiento de los recursos dedicados a la investigación como consecuencia de la carencia de objetivos científicos propios. En el fondo, es el propio sistema el que pone obstáculos a la realización de las actividades que está financiando con recursos públicos. El informe destaca que ni siquiera en los años de bonanza económica se ha conseguido ejecutar lo presupuestado, una clara muestra de que la estructura institucional de ejecución del gasto es claramente inadecuada.
Para mejorar la situación actual, los autores concluyen que debe incluirse la CyT en la agenda política como un cimiento de progreso, a través de la puesta en marcha de una política de reindustrialización basada en la innovación. Además, el sistema español de CyT necesita un incremento de los recursos disponibles, humanos y financieros, para poder servir de base sólida para una economía innovadora. El gasto público en I+D debe alcanzar el 2% del PIB. Pero este incremento debe ir asociado a reformas institucionales radicales para que la inversión sea eficiente y consiga sus objetivos.
Dra. Núria Vallmitjana
Directora de IQS Tech Transfer